Madrid, 6 de octubre de 2021

La pandemia ha puesto de manifiesto el carácter estratégico del sector agroalimentario al desempeñar una actividad esencial para el abastecimiento de alimentos a la población, supo reaccionar y no parar de trabajar en servicio de toda la sociedad.

El pasado 6 de octubre se celebró en IFEMA-Madrid y en el marco de la Feria Fruit Attraction la mesa redonda “El valor estratégico del sector agroalimentario: antes y después de la pandemia”, organizada por ALAS (Alianza por la Agricultura Sostenible) y AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas).

La mesa redonda fue introducida con la exposición de dos excepcionales informes. Por un lado, el “Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2020” por parte de CAJAMAR, destacando la resiliencia y el peso estratégico del sector agroalimentario,de la mano del subdirector de Innovación Agroalimentaria, Ricardo García Lorenzo,y por otra, Jordi Esteve, director de PwC España, ha expuesto su informe “El futuro del sector agrícola español” destacando el valor estratégico del sectoragroalimentario en la economía, la sociedad y el territorio.

La mesa redonda dedicada al sector agroalimentario contó con representantes de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, estuvo moderada por César Marcos, periodista agroalimentario y coordinador de ALAS y en ella participaron Nacho Senovilla (vicepresidente de ALAS y Secretario de Ganadería de UPA); Carlos Palomar (director general de AEPLA); Luis Martín (jefe del Departamento Técnico de FEPEX); Manuel Martín (gestor de proyectos de UNAE-consumidores) y Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario.

En su intervención, el director general del Foro Interalimentario, puso en valor el concepto de Cadena Agroalimentaria Sostenible y el deber de trabajar de manera conjunta para garantizar la rentabilidad de todos los eslabones, poniendo el foco en nuestro objetivo común: el consumidor. Víctor Yuste destacó que debemos convencer para que el marco normativo no penalice la actividad agraria y se apoye en evidencias y criterios científicos en la toma de decisiones políticas.